Derecho a la alimentación. Urgente

El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, individual o colectivamente, de manera regular y permanente, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, así como a los medios necesarios para producirla, de forma que se corresponda con las tradiciones culturales de cada población y que garantice una vida física y psíquica satisfactoria y digna.

Ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada en 1948 se recogía este derecho, concretamente en el artículo 25, que reconoce el derecho de ”toda persona [tiene derecho] a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación”.

Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en 2009 había en el mundo 1.020 millones de personas hambrientas y aproximadamente otros 2.000 millones padecen lo que se conoce como ”hambre oculta”, es decir, carencias severas de micronutrientes que dificultan el desarrollo de sus capacidades y funciones vitales.

El hambre es con toda probabilidad la mayor manifestación de ignominia de la humanidad ya que existen los recursos y lo que falta, una vez más, es la voluntad política para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la alimentación.



El 75% de las personas que padecen hambre y desnutrición son trabajadores y trabajadoras del medio rural, pequeños agricultores, campesinos sin tierra, comunidades indígenas, pastores o pescadores que no tienen acceso a los recursos necesarios para producir los alimentos que necesitan para llevar una vida plena y digna. Sin embargo, la disponibilidad de alimentos por habitante se ha incrementado al menos en un 20% desde 1960. No se trata, por tanto, de un problema de falta de alimentos. Las raíces del hambre del siglo XXI hay que buscarlas en la exclusión y marginación que padecen millones de personas por causas estructurales y las soluciones fundamentales para erradicarla pasan por medidas políticas que comprometan un cambio de estructuras sociales y económicas.

La lucha contra el hambre ha sido una constante en la cooperación internacional, sin embargo no siempre se ha realizado abordando las causas. A lo largo del siglo pasado y en lo que ha transcurrido del actual, la comunidad internacional ha puesto en marcha diferentes iniciativas para luchar contra el hambre.

Además del reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada como derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 se aprobó la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, en la que los participantes en la Cumbre se comprometieron reducir a la mitad el número de personas desnutridas antes del año 2015. Este compromiso ha sido renovado en la Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años después, organizada por la FAO en Roma del 10 al 13 de junio de 2002 y está también incorporado como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Consejo de la FAO aprobó en 2004 las ”Directrices Voluntarias para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”.

En diciembre de 2008 se aprobó el texto del Protocolo Facultativo para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que permitirá, una vez entre en vigor, la presentación de denuncias de violaciones de este tipo de derechos y, por tanto, del derecho a la alimentación.

Tras décadas de enfocar la lucha contra el hambre desde la creencia de que el problema del hambre se resolvería mediante la mejora en el suministro de alimentos a las personas que padecen este problema, la FAO incorpora a la lucha contra el hambre el abordaje de las causas que la originan y reconoce que no se trata de un problema de falta de alimentos sino que el principal problema radica en el acceso a los mismos y a los medios para producirlos. Sólo aquellos países que han aumentado su inversión en el medio rural han mejorado sus indicadores de lucha contra el hambre.

Las organizaciones de campesinos de los países en desarrollo lanzan el concepto de soberanía alimentaria, el derecho de los individuos, pueblos y comunidades a definir sus políticas y estrategias agrícolas y alimentarias para la producción y distribución sostenible de alimentos.

La soberanía alimentaria requiere:
- dar prioridad a los mercados locales que se basan en explotaciones campesinas y familiares;
- asegurar precios justos para los campesinos;
- garantizar el acceso a la tierra, al agua, a los bosques y otros recursos productivos;
- inversión pública para fomentar la actividad productiva familiar y comunitaria.
La campaña ”Derecho a la alimentación. Urgente”, apoyada por Ayuda en Acción, Cáritas Española, Ingeniería Sin Fronteras y Prosalus, propone:

1. Efectividad del derecho a la alimentación en el marco de una política de soberanía alimentaria.

2. Respeto, protección y garantía del derecho a la alimentación como derecho humano fundamental.

3. Revisión de políticas públicas y dotación de suficientes recursos para garantizar la efectividad del derecho a la alimentación.

4. Las políticas o acuerdos suscritos por la comunidad internacional deben respetar el derecho a la alimentación.



Declaración de principios de la campaña
Algunas preguntas sobre el derecho a la alimentación