Fernando Lugo es la última víctima de la “guerra de la soja”. Elegido presidente en 2008 como un “defensor de los pobres”, Lugo fue destituido la semana, sumiendo a uno de los países más pobres de Sudamérica en la incertidumbre.
Las promesas de Lugo de acometer la redistribución de la tierra y la reforma agraria fueron populares, pero finalmente se tornaron incumplibles debido a la multitud de intereses en su contra. A principios de mes, 11 campesinos y seis policías murieron en Curuguaty durante la expulsión de agricultores de las tierras que ocuparon de una gran granja utilizada por un gran terrateniente opositor de Lugo. Utilizando esto como pretexto el Senado destituyo a Lugo ocho días más tarde.
Pero es el incremento de la plantación de soja (y los océanos de tierra en los que ahora crece en Paraguay) lo que explica la destitución de Lugo, dentro de un contexto histórico de lucha por la tierra entre las poderosas elites terratenientes del país y los campesinos hambrientos y sumidos en la pobreza, por un lado y un mundo que aparentemente no tiene límites en su apetito por la soja para alimentar al ganado y producir agrocombustibles, por otra.
Paraguay no es el primer país en perder su gobierno debido a disputas sobre la tierra. Tampoco será el último. Después de décadas de amiguismo y corrupción, el 77% de la tierra cultivable está en manos de tan sólo el 2% de la población. A nivel global en la última década, se han cerrado acuerdos por unas 203 millones de hectáreas de tierra, más de seis veces el tamaño de Alemania, a un ritmo y escala que supera la capacidad de respuesta de nuestras estructuras de gobernanza. Las grietas, como en Paraguay, no están nunca lejos de la superficie.
Paraguay es hoy el cuarto exportador mundial de soja y su demanda está en aumento, debido principalmente a la las demandas de China y de Europa que la utilizan para alimentar su ganado y para la producción de agrocombustibles. El paisaje agrícola del país ha cambiado radicalmente a lomos de un boom sostenido de la demanda de soja. Desde 1996, más de tres millones de acres de selva subtropical han sido destruidos para plantar soja en lugar de alimentos y otros cultivos. Colonos provenientes de Brasil (los brasiguayos) han puesto en marcha grandes plantaciones de soja, provocando permanentes conflictos sobre lo que los locales llaman “robo de tierras”. En los últimos 20 años, cerca de 100.000 pequeños agricultores locales han abandonado sus hogares rurales y migrado a las barriadas de las ciudades, o a otros países o se han quedado sin tierra. El conflicto mortal que desencadenó la destitución de Lugo a principios de mes, no fue aislado ni nuevo y no hay evidencias de que se vaya a enfriar en el corto plazo. Cada año, cerca de 9.000 familias rurales son desplazadas por la producción de soja y un millón de acres de tierra (unas 60 veces el tamaño de Manhattan) se convierten en campos de soja.
Irónicamente, en un país en el que el 60% de su población vive aún en la
pobreza (de los cuales más de un 11% padecen desnutrición) los
indicadores macroeconómicos del país están en auge. El Producto
Nacional Bruto creció en un 15% en 2010 gracias a las exportaciones de
soja que representaron cerca de 1.600 millones de dólares. El boom de la
soja en Paraguay (made en China y Europa y asentado sobre los terrenos
de las élites políticas) está controlado en las salas de juntas de los
grandes negocios. Un 70% de la soja paraguaya se exporta cada año y, de
ella, gigantes multinacionales como Cargill, ADM y Bunge se llevan el
70%. En 2004 Syngenta causó indignación al publicar un anuncio de un
mapa que sombreaba una amplia zona de Argentina, Brazil, Bolivia,
Paraguay y Uruguay bajo el slogan “La República unida de la soja”. Sin
embargo, Paraguay no ha sido capaz de dar valor añadido su exportación
de soja: in 2010, 5,7 millones toneladas de cosecha fue exportada como
simple judía, mientras que tan sólo 1,5 millones de toneladas era
producto procesado. Otros actores parecen ganar más de esta República
Unida de la Soja que los paraguayos.
A Oxfam le preocupa la ley y el orden y el proceso democrático en
Paraguay y eso, como siempre, en el caso de conflictos serán los más
pobres los que sufran las peores consecuencias. La comunidad
internacional debe apoyar a la población de Paraguay para construir un
país más justo e inclusivo, que se centre en el desarrollo rural y la
producción sostenible de alimentos, y más particularmente en un reparto
(o tenencia) más equitativo de la tierra, para que los campesinos más
pobres y las comunidades se vean protegidas de las rapaces demandas
sobre la tierra. El FMI cree que la economía de Paraguay crecerá el año
que viene en torno al 8,5%, una perspectiva fantástica, pero sólo en el
caso de que los beneficios de este crecimiento puedan ser justamente
compartidos.
Más allá de esto, las corporaciones globales y los líderes políticos que
han espoleado el boom de la soja en Paraguay necesitan mirar fijamente
su sostenibilidad y cuán justo se ha llevado a cabo y retornar
beneficios a los paraguayos de a pie. Más de la mitad de la soja que
grece en Paraguay se exporta a Argentina, y la mayor parte de ésta se
convierte en diesel tanto en Argentina como en Europa para ser usado
como combustible de automóviles. En un mundo donde 1.000 millones de
personas se va a dormir con hambre cada noche, políticas que convierten
tierras fértiles para cultivar comida en campos de combustible son,
cuando menos equivocadas y sólo servirán para incrementar los
conflictos sobre los limitados recursos naturales.
Jeremy Hobbs