URGENTE RESCATE DEL POZO DEL HAMBRE!!!

La prensa de todo el mundo presentaba estas semanas con todo lujo de detalles el extraordinario rescate de los 33 mineros chilenos. Es lacrónica de una hazaña extraordinaria donde todo un país, empezando por sus dirigentes, han unido sus voluntades y todoslos recursos a su alcance para salvar 33 vidas.

El rescate del pozo del hambre y la desnutrición de casi mil millones de personas no ocupa la misma atención en los medios.
Los niños que sufren retrasos en su crecimiento por la desnutrición, las madres y padres que no pueden dar de comer a sushijos, también tienen rostros, historias personales y retos por delante. Y acabar con su injusta situación requiere los mismos ingredientes que el rescate de la mina San José: voluntad política, determinación y recursos económicos y técnicos. La reunión del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) que se está celebrando en Roma debería ser un fuerte impulso para movilizarlos de una manera coordinada internacionalmente.
La reforma del CSA que se aprobó hace unos meses pretendía conseguir que este organismo tuviera la capacidad de dirigir los esfuerzos mundiales por el derecho a la alimentación, coordinando de manera efectiva a todos los actores (Gobiernos, organismos internacionales, ONG, movimientos sociales, empresas...) para hacer frente a las causas globales del hambre.

Pero los preliminares de la reunión del CSA no parecían muy halagüeños. Pocos países habían anunciado la asistencia dealto nivel a esta reunión. Mientras Francia y Alemnania sí envían a sus ministros, España no enviaba a ningún Ministro ni Secretaria de Estado. No será nuestro país quien dé un mensaje de compromiso e impulso político.

Sin embargo, hay motivos para poner mucha atención en esta reunión. De hecho, durante los días previos a la cita se produjo un importante encuentro de representantes de organizaciones sociales de campesinos, pescadores, mujeres rurales, jóvenes, ONGD... que han discutido y acordado cómo serán elegidos los representantes de centenares de organizaciones sociales en el consejo asesor del CSA. Y no sólo eso, también se discutieron y consensuaron posiciones comunes sobre los temas objeto de discusión y debate en esta cumbre. Unos temas de discusión extraordinariamente relevantes. Hoy se han celebrado tres mesas redondas sobre las crisis alimentarias prolongadas, sobre la gestión de la vulnerabilidad y los riesgos que comprometen la seguridad alimentaria y sobre la tenencia de tierras y la inversión internacional en agricultura.

Este último tema es de una importancia inmensa. Por un lado, porque la falta de inversión en agricultura es uno de los graves problemas que están detrás de la situación de inseguridad alimentaria mundial. Pero por otro, porque el tipo de inversiones que se están produciendo en los últimos años lejos de representar una posibilidad de incremento del capital físico, de la transferencia de tecnología, de la creación de empleo y de la mejora de la productividad, está suponiendo la expulsión de comunidades de sus tierras, está debilitando derechos sobre la tierra, fomenta la corrupción, deteriora el medio ambiente y está reduciendo la seguridad alimentaria. Y no de una manera testimonial: más de 40 millones de hectáreas se han negociado en los últimos meses, una cuarta parte en macroproyectos (de más de 200.000 Ha cada uno) y nada menos que un 63% de estas adquisiciones son para cultivos no alimentarios (biocombustibles, cultivos industriales, reservas de caza, ganadería, silvicultura...).

En la reunion de hoy se ha producido un interesante debate, pero la pregunta es si los Estados pasarán de las propuestas a las acciones. Porque el debate no ha podido ocultar una terrible sensación: parece que a los gobiernos este tema no les provoca ninguna urgencia. Por ejemplo, ningún país respondió a la propuesta de la sociedad civil de plantear medidas de emergencia, como una moratoria, para detener de inmediato las apropiaciones de tierra que tienen impactos más perjudiciales. La evidencia demuestra que esta práctica está transformando de manera irreversible el paisaje agrícola y está poniendo en riesgo los medios de vida de millones de pequeños agricultores y de otros grupos vulnerables.

Las intervenciones de las delegaciones oficiales recogen avances, como el generalizado apoyo al Derecho a la Alimentación en las inversiones en tierras, o el principio del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas por estos proyectos. O la demanda de formas de inversión agrícola que no impliquen la venta de la tierra de las poblaciones locales, como inversiones conjuntas en producción y transformación. También es esperanzadora la firme voluntad de involucrar a las comunidades locales en el desarrollo de la respuesta internacional para reguar las inversiones en tierras o el claro llamamiento de varios gobiernos para que el Comité de Seguridad Alimentaria se encargue de llevar adelante este proceso.

Sin embargo, abundó la retórica acerca de las soluciones en las que todos ganan y muchos gobiernos parecen ansiosos por justificar sus propias actuaciones, con muy poca autocrítica. Escuchándoles pareciera que no existiera el problema. Y lo que se necesita ahora no es dar por cancelado este tema y considerar que las medidas voluntarias que están sobre la mesa (propuestas unas por la FAO y otras por el Banco Mundial) ya resuelven el problema. Hace falta que los gobiernos se pongan de acuerdo en un plan de acción que contemple reforzar las directrices voluntarias y los criterios de inversión para convertirlos en un verdadero régimen internacional de obligatorio cumplimiento. Si hay iniciativas internacionales sobre la venta de diamantes, el agua, la minería o los bosques, cómo no va a haberlas sobre la protección de recursos básicos para el derecho a la alimentación como es la tierra.
Volvamos a los mineros, su rescate no ha sido un milagro ni una casualidad. Tampoco hacen falta milagros para acabar con el hambre. Solo hace falta la determinación de no dejar a millones de personas olvidadas en el fondo del pozo del hambre y la pobreza.

José Antonio Hernández de Toro
Intermón Oxfam